Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo
- Acercamiento
general
Las medidas
establecidas por el Gobierno mediante el Real Decreto-Ley 14/2012, de 20 de
abril, se presentan como necesarias para alcanzar el “inexcusable objetivo de estabilidad presupuestaria derivada del marco
constitucional y de la Unión Europea” (la alusión al reformado art. 135 CE
es obvia). No parece tenerse en cuenta que nuestra Constitución tiene otros
objetivos y principios fundamentales, como son la igualdad real y efectiva de
las personas y remover los obstáculos que impidan su plenitud (art. 9 CE) o el
derecho fundamental a la educación (art. 27 CE). Las medidas afectan a todos
los niveles educativos (universitario y no universitario) y, en teoría, algunas
tienen carácter excepcional mientras que otras tienen carácter estructural.
Esto último pone de relieve la inadecuación (posiblemente anticonstitucional)
del uso de un Decreto-Ley (previsto para situaciones de extraordinaria y
urgente necesidad) en lugar de una Ley.
Del texto se desprende nítidamente
que el plan a largo plazo es introducir reformas en detrimento de la Universidad
pública y de calidad, bajo el manido pretexto de la crisis económica. En
realidad, se trata del programa neoliberal en materia de educación. Desde que
la Comisión Trilateral elaborara un Informe al efecto en 1975, se fue
extendiendo el mito de que la empresa constituye la institución civilizadora
por excelencia. La planificación del Estado social es sustituida por la de las
empresas de los sectores estratégicos. Son éstas las que, conforme a sus
particulares criterios, fijan los objetivos y los referentes que deben seguir
las instituciones educativas.
Esta concepción de la educación, y
concretamente de la Universidad, ha sido consagrada expresivamente por el
Tratado de Lisboa (2004). Se supone que el Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) tiene como objetivo homogeneizar la normativa y los títulos de
los Estados miembros, pero ha quedado de manifiesto que su intención es otra:
convertir a la Unión Europea (UE), o exactamente a sus empresas multinacionales
y agentes financieros más poderosos, en la zona económica más competitiva del
mundo. Por tanto, el Plan Bolonia, la Estrategia Universidad 2015 (anteriores a
la crisis económicas actual) y el Real Decreto-Ley 14/2012 no son sino distintas
fases de un mismo proceso encaminado a poner fin a la democratización del
acceso a la Universidad, a la cultura superior y, en definitiva, a la igualdad
de oportunidades. Todo ello sobre el fundamento ideológico de la educación
centrada en el individuo y en la autonomía individual. Podemos observar este
mismo proceso en otros ámbitos (laboral, sanitario, judicial, etc).
2. Aumento de tasas
En el ámbito
universitario, las principales medidas consisten en el aumento de las tasas
universitarias “para aproximar
gradualmente su cuantía a los costes de prestación del servicio, tomando
asimismo en consideración el esfuerzo académico”. Es decir, la subida de
tasas no es una medida coyuntural justificada por la crisis económica, sino que
esta crisis es la excusa perfecta para un incremento gradual de los precios
públicos.
Así pues, el Real Decreto-Ley
establece los límites mínimo y máximo de lo que se deberá pagar por cada
matrícula. Dentro de estos límites, las Comunidades Autónomas fijarán el
porcentaje concreto que los precios públicos habrán de cubrir del coste total
de la matrícula:
a. Enseñanzas de
Grado y de Máster que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales
reguladas en España:
|
PORCENTAJE
DE LA MATRÍCULA CUBIERTO POR LOS PRECIOS PÚBLICOS
|
EJEMPLO:
Precios públicos a pagar por una asignatura de Grado de 7 créditos
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Curso
2011/2012
|
Curso
2012/2013
|
1ª
Matrícula
|
15%
- 25%
|
85´4
€
|
107´1
– 178´5 €
|
2ª
Matrícula
|
30%
- 40%
|
98´7
€
|
214´2
– 285´6 €
|
3ª
Matrícula
|
65%
- 75%
|
128´1
€
|
464´1
– 535´5 €
|
4ª
Matrícula
|
90%
- 100%
|
128´1
€
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642´6
– 714 €
|
b. Enseñanzas de
Máster que no habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas
en España (la mayoría) :
|
PORCENTAJE
DE LA MATRÍCULA CUBIERTO POR LOS PRECIOS PÚBLICOS
|
EJEMPLO:
Precios públicos a pagar por un Máster de 60 créditos
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Curso
2011/2012
|
Curso
2012/2013
|
1ª
Matrícula
|
40%
- 50%
|
1.716
€
|
2.448
– 3.060 €
|
A
partir de la 2ª Matrícula
|
65%
- 75%
|
1.974
€
|
3.978
– 4.590 €
|
Por otra parte, los estudiantes
extranjeros mayores de 18 años que no tengan la condición de residentes podrán
estar obligados a pagar el 100% del coste de la matrícula (excepto los
nacionales de la Unión Europea o de países que tengan un convenio al respecto
con España). En otras palabras, los estudiantes
extracomunitarios estarán obligados a pagar el 100% de la matricula, lo que
significa pasar de pagar unos 1.000 euros a pagar hasta 6.000 aproximadamente. Dicho
Real Decreto-Ley vulnera uno de los derechos fundamentales de la Constitución
Española, el art. 14, por el cual se garantiza a todos los ciudadanos el acceso
en igualdad de condiciones a la educación.
La consolidación de una tendencia al
alza de las tasas universitarias aparece recogida literalmente en el texto: “el Gobierno (…) podrá modificar
excepcionalmente las horquillas establecidas atendiendo a la singularidad de
determinadas titulaciones, su grado de experimentalidad y el porcentaje del
coste cubierto por los precios públicos
de los últimos cursos académicos”. Los criterios para valorar conceptos tan
ambiguos y opacos como la “singularidad” o la “experimentalidad” de las
titulaciones no son otros que los que demandan los intereses privados de los
mercados.
- Fusión de
Universidades
El Real
Decreto-Ley prevé la reordenación geográfica del mapa universitario y de la
oferta de titulaciones, facilitando la “cooperación
interuniversitaria”. Esto supone la fusión de Universidades y la
consiguiente desaparición tanto de Universidades pequeñas como de titulaciones,
así como el despido masivo de personal universitario (mayormente profesorado
interino y personal de administración y servicios). Los requisitos básicos para
la creación de Universidades son fijados por el Gobierno central, pero es a las
Comunidades Autónomas a las que corresponde la competencia de acordar la
creación, modificación y supresión de los centros y los títulos.
En la práctica, el rediseño del mapa
académico conllevará la eliminación de titulaciones y centros con menos
estudiantes, los cuales se verán obligados a desplazarse a otros lugares, para
lo cual es necesario un buen sistema de becas que, como vemos, está en
retroceso. Acudiremos a la concentración de recursos en un pequeño grupo de
Universidades de élite, posiblemente ubicadas en las Comunidades Autónomas y
territorios con mayor desarrollo económico. Por tanto, en este sentido, las
medidas contenidas en el Real Decreto-Ley son especialmente lesivas para los
intereses de nacionalidades como Andalucía.
4. Profesorado
Se
establecen dos categorías de profesorado. Además del profesorado con dedicación
a tiempo parcial, probablemente la más problemática es la categoría de
profesorado con dedicación a tiempo completo, ya sea a la docencia o a la
investigación. En todo caso tendrá que dedicar a la actividad docente la parte
de la jornada necesaria para impartir en cada curso un total de 24 créditos
ECTS. En función de la evaluación a la que es sometido, 16 créditos o 32
créditos.
Sin embargo, los sistemas actuales
que se utilizan para juzgar a los profesores y para premiarlos (o castigarlos)
parecen, más bien, un expediente para obligarles (o incentivarles) a que
adopten las últimas modas pedagógicas. Y es que cuando se obtiene la información
de las encuestas que se le pasa al alumnado periódicamente, el profesor sabe
que ha obtenido una puntuación baja o inferior a la media, pero desconoce la
razón de esa calificación y no cuenta con asistencia posterior para resolver
los problemas que pudieran existir. Por consiguiente, la identificación de un
hipotético problema en cuanto a la docencia o los métodos pedagógicos sólo
preocupa cuando éstos se alejan de las líneas trazadas por el Gobierno,
mermando la libertad de cátedra (art. 20 CE).
Paralelamente a la devaluación de la
calidad docente, se está contribuyendo a la infantilización de las y los
estudiantes como resultado de los métodos pedagógicos que se vienen implantando
a raíz de la configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Completan este cuadro de factores la obsesión por el productivismo y la
orientación de buena parte de la investigación a las necesidades de las
empresas y el consiguiente descuido de los intereses públicos o de otros
sectores de la sociedad.
5. Financiación de becas y ayudas al estudio
El presupuesto
destinado a las becas para estudiar se ha reducido en un 11%. Hasta ahora, el
único cambio anunciado (que entrará en vigor el próximo curso) estriba en que
la beca salario universitaria requerirá aprobar la totalidad de las asignaturas.
En este sentido, el Plan Nacional de Reformas establece que la beca salario
solo se conservará si el estudiante aprueba el 100% de los créditos
matriculados. Este tipo de beca incluye el pago de la matrícula y una ayuda
mensual y está pensada para que los hijos de las familias con menos recursos
económicos no dejen los estudios tras superar la formación obligatoria. El
porcentaje en el caso de Ingeniería o Arquitectura se eleva al 85%. Mientras
que hasta ahora la nota mínima para acceder a esta ayuda era un 5 y aprobar el
80% de los créditos para conservarla (60% en los casos de Ingenierías y
Arquitectura), a partir del curso que viene se exigirá un 6, sin especificar si
habrá modulaciones en relación a las carreras.
Como venimos analizando, todo apunta
a que próximamente se anunciarán nuevos cambios regresivos en la política de
becas, al margen de la evolución de la economía.
- Conclusiones
No hay duda de
que estamos presenciando una redefinición de la Universidad y la educación en
términos empresariales. Esto tiene una consecuencia ante la que no estamos
dispuestos a cruzarnos de brazos: entender lo social como una forma de lo
económico.
Concebir la Universidad como una
empresa significa que la educación superior es un espacio mercantil dedicado a
promover la competencia entre los servicios públicos y privados. Debe regirse
por el logro de unos objetivos económicos antes que por la obediencia al
principio democrático y a la satisfacción de derechos sociales, económicos y
culturales. Debe convertir a los estudiantes, actuales consumidores, en futuros
competidores-emprendedores o mano de obra pseudocualificada. Por último, la
Universidad-empresa debe diluir el poder conforme a mecanismos de mercado. La
soberanía de la empresa, la evaluación de la docencia de un modo tan místico y
la competitividad en el ámbito de la educación están conduciendo a la
destrucción de las Universidades Públicas.
Ante esta situación, hemos de abogar
decididamente por una refundación democrática de la UGR. La función de las y
los estudiantes en la consecución de este objetivo es crucial. Para ello debemos
ejercer nuestro derecho legítimo a disponer de los espacios públicos de la UGR
y protestar contra aquellos problemas que nos salen al paso (como ya lo hicimos
en los encierros, paros académicos y movilizaciones los pasados 17 de
noviembre, 25 de abril, 10 de mayo, etc.). Pero, además, creemos en la
articulación entre movilización social y representación estudiantil. Son
absolutamente complementarios. Una no puede impedir el desarrollo de la otra, y
ninguna de las dos puede alcanzar sus objetivos aisladamente.
Estamos convencidos de que la
solución a la crisis no pasa por la destrucción de la educación pública ni por
la restricción del acceso a la Universidad a través de criterios elitistas que amenazan
con romper el ideal de igualdad social y de una cultura con vocación universal
para los pueblos.
La Universidad Pública está inmersa
en una encrucijada que no podemos ignorar. Es urgente que tomemos partido por
uno u otro modelo. El alcance y el sentido de nuestro compromiso serán
decisivos de cara a una salida autoritaria o democrática tanto a la reforma
universitaria como a las transformaciones del Estado social. Desde aquí
animamos a la defensa de una Universidad abierta a Europa que entienda a la
Universidad como un bien público. Con tal fin debemos trabajar conjuntamente no
sólo el estudiantado ni la comunidad universitaria, sino todos los ciudadanos y
ciudadanas a título individual o bien organizados por medio de colectivos,
sindicatos, ONG, movimientos sociales, partidos políticos o instituciones
democráticas.
Inma Espinosa Montalbán
Rubén Pérez Trujillano
